El juicio de amparo constituye una piedra angular para la protección de los derechos humanos; su regulación ha pasado por diversas etapas hasta llegar a la expedición de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la que se incorporaron modificaciones de relevancia, como la sistematización de las reglas del juicio de amparo directo e indirecto; las correspondientes a los incidentes en general y a los procedimientos de ejecución de las sentencias; la protección del interés legítimo individual o colectivo; la introducción de la declaratoria general de inconstitucionalidad de normas generales, el amparo y la revisión adhesivos, la resolución de contradicciones de tesis por parte de los Plenos de Circuito y el uso de la firma electrónica, entre otras de no menor importancia.
En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprometida con la difusión del conocimiento jurídico, realizó un trabajo de compilación, sistematización y análisis legislativo de la normativa en la materia, que sirvió para publicar dos ediciones de esta obra, en las que se han integrado: la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, el texto de la Ley de Amparo de 1936 abrogada, un índice analítico de la nueva ley y diversos cuadros comparativos que tienen como propósito orientar en el entendimiento de la evolución de las disposiciones que rigen en el amparo.
Desde la fecha de impresión y encuadernación de la última edición de la obra, la Ley de Amparo ha sido objeto de tres reformas, dos de las cuales encuentran fundamento, a su vez, en trascendentes reformas constitucionales. La primera reforma legal se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014 y motivó la modificación de los artículos 107 y 128 de la Ley de Amparo, para armonizarlos con el Texto Constitucional, que desde la publicación del 11 de junio de 2013 reconoce el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.
La segunda reforma, publicada el 17 de junio de 2016, dio pie a la modificación de numerosos artículos de la Ley de Amparo, en los que, entre otras cuestiones, se brindan elementos para garantizar la adecuada defensa o asesoría jurídica de las partes; se explicitan las excepciones a la improcedencia del juicio de amparo en materia penal; se establece la reglamentación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal habrán de realizar respecto a la publicidad de los proyectos de sentencia en los que se resuelva sobre la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general; se prevé la legitimación de los Magistrados de los Tribunales Unitarios de Circuito para denunciar contradicciones de tesis; se establecen normas sobre el ofrecimiento de pruebas y la no transgresión al principio de oralidad de la audiencia penal; se delimitan los efectos del juicio de amparo penal y se acotan disposiciones referentes a la suspensión del acto reclamado y se hacen precisiones respecto a las violaciones a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, para poder advertir cuales son aplicables para el Sistema de Justicia Penal Mixto y cuáles para el Sistema Penal Acusatorio y Oral.
La tercer y última modificación a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales se publicó en el medio oficial de difusión el 19 de enero de 2018, para reestablecer como día inhábil el 14 de septiembre, ello derivado del reconocimiento histórico en el calendario cívico de la presentación y lectura por José María Morelos y Pavón de los "Sentimientos de la Nación", documento que contiene diversos ideales liberales del México independiente, que aún rigen nuestras relaciones jurídicas y sociales.
La amplia aceptación de las ediciones anteriores de esta obra, y las tres reformas a las que se ha hecho referencia, sirvieron de fundamento para publicar una tercera edición de la Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de 1936 abrogado, a la que se adicionan los textos legales modificados y cuadros comparativos actualizados de las leyes vigente y abrogada.
Esperamos que este esfuerzo de análisis legislativo desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contribuya a la consulta de ambos ordenamientos y se constituya en una herramienta de apoyo no sólo en la tramitación y resolución de asuntos, sino también en el estudio y especialización en la materia.

Índice: p. 429-439