Resumen: Una de las principales responsabilidades de la las y los legisladores, es crear o modificar normas jurídicas que respondan a la realidad social, ya que se tiene la oportunidad de sentar las bases de un sistema jurídico justo, igualitario y que permita transitar a una sociedad democrática.
Legislar con una perspectiva, permite no obviar los papeles, capacidades y responsabilidades socialmente determinados para mujeres y hombres, ya que son éstos los que propician las desigualdades de género existentes en nuestra sociedad, producto de esquemas culturales, de poder político y económico y que, lamentablemente, las legislaciones los han venido reproduciendo.
Estas diferencias, implican desventajas jurídicas. Es decir, las leyes y reglamentos que se aplican, efectivamente tienen un impacto diferenciado, por lo que, desde la elaboración de las mismas, deben considerarse estas diferencias para lograr en la práctica el principio de la igualdad jurídica.
La lucha de miles de mujeres que han convertido en conquista sus derechos, ha hecho posible que hoy contemos con la aprobación de legislaciones como la Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres en 2006 que, en términos de progreso, influirán en nuestro modelo social y de convivencia.
La Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados reivindica la lucha de las mujeres y considera de suma importancia seguir avanzando en el reconocimiento de sus derechos, ya que este atraso ha sido el detonante de la violencia de género que padecen miles de mujeres en todo el mundo y en nuestro país.