Resumen: En Oaxaca, como en otras partes de México, el gobierno ha instaurado una política de represión y violencia en contra de los movimientos sociales que dentro del marco constitucional ejercen sus derechos y lucha por sus legítimas demandas por vías pacíficas y democráticas. El común denominador de esta política oficial es la violación sistemática de los derechos humanos.

Particularmente en Oaxaca, los gobiernos federal y estatal pusieron en marcha y mantienen un operativo de contrainsurgencia civil para aplastar y sofocar uno de los movimientos sociales más importantes y representativos de la lucha de los oprimidos y explotados en la larga historia de emancipación de los pueblos de México, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).