Resumen: La tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales siguen dándose en México, a pesar de las numerosas reformas legales e institucionales aducidas por los sucesivos gobiernos mexicanos como prueba de su compromiso con la protección de los derechos humanos. De hecho, se han producido reformas, pero éstas no han logrado disminuir, mucho menos resolver, estos problemas graves y aparentemente crónicos. Estos se deben en parte a que las autoridades no se han mostrado dispuestas a garantizar la aplicación enérgica de las leyes vigentes relacionadas con los derechos humanos.

Sin embargo, el problema va mucho más allá de la tolerancia oficial de los abusos y la impunidad. Las violaciones de los derechos humanos se derivan también de la protección ineficaz de las garantías individuales dentro del sistema de procuración e impartición de justicia, y del tratamiento poco estricto de estos abusos. Haciendo gala de una ignorancia consciente de los abusos o de una fabricación premeditada de pruebas obtenidas mediante la violación de sus derechos humanos y los jueces se valen de leyes y precedentes legales permisivos para condenarlos ignorando estos abusos. Frente a esta realidad profundamente inquietante, el Gobierno mexicano ha optado por tratar los problemas de los derechos humanos como un asunto que debe ser manejado políticamente; combatido invocando estadísticas superficiales o enfrentado con reformas o iniciativas insuficientes.

Al documentar los abusos y hacer un seguimiento de las víctimas dentro del sistema de procuración e impartición de justicia, este informe arroja luz sobre el cómo y el por qué del fracaso de la política declarada del Gobierno mexicano para proteger los derechos humanos y sancionar a los violadores de derechos humanos. Al mismo tiempo, plantea recomendaciones para las autoridades mexicanas, la Unión Europea, Estados Unidos, y las organizaciones internacionales.