Resumen: El decreto constitucional para la libertas de la América Mexicana, de 22 de octubre de 1814, estableció el principio de la división de poderes, motivo por el cual, en cumplimiento de sus preceptos, el 7 de marzo de 1815 se instauró el Supremo Tribunal de Justicia, antecedente insurgente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Muchos juristas e historiadores han cuestionado la validez de la constitución de Apatzingán. El argumento central consiste en señalar que no fue aplicada en todo el territorio nacional por las circunstancias propias de la guerra de independencia. Aceptar lo anterior sería negar la existencia del Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana instalado en Ario, Michoacán, el 7 de marzo de 1815.
No podemos soslayar la importancia que para la judicatura nacional tiene la constitución de Apatzingán, así como el primer supremo tribunal de justicia, pues ambos representan los esfuerzos por construir nuestro Estado de derecho; constituyen los deseos de ciudadanos criollos y mestizos que comprendieron la necesidad de vivir en un lugar en el que no tuviera cabida la autocracia, en el que se impartiera justicia en términos igualitarios y en el que se erradicara la arbitrariedad y el trato diferenciado.