Resumen: En México la cultura de promoción y protección de los derechos humanos es, ciertamente, incipiente, como incipiente es nuestro Estado de Derecho y, por ende, el respeto a la ley.
Como viene a ser obvio, los efectos que conlleva lo anterior son múltiples, la práctica totalidad de los cuales afecta negativamente la calidad de vida de quienes aquí habitamos. Y si algún beneficio puede acarrear el talante "político" con que se ajustan las cuitas sociales en nuestro país - sui generis forma de aplicación del Derecho en estas tierras tan lejanas de la mano de Dios -, resulta ser tan transitorio e irrelevante como quitar momentáneamente el dolor a quien requiere de una cirugía mayor.
Quizá por ello buena parte de la que hoy se llama o se hace llamar sociedad civil (término, al parecer, a propósito redundante cuyo uso requiere subrayar que no toda sociedad se solidariza o responsabiliza civilmente de sus compromisos) ha encontrado en los derechos humanos un instrumento útil, noble y eficaz para enfrentar la politización del derecho y procurar revertir el estado actual de los cosas, a saber: que en México deje de privar el derecho de Estado y éste se convierta realmente, y con todas sus consecuencias para unos y otros, en un Estado de Derecho.